José Navas, Portavoz de Ezker Batua-Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

En la gran mayoría de los países europeos e iberoamericanos cuya historia registra oscuros episodios de tinte totalitario, la recuperación de las libertades democráticas ha traído consigo la adopción de medidas públicas ordenadas al reconocimiento moral, político y social de las personas que padecieron la represión.

En todos estos países los poderes democráticos restablecidos han exaltado públicamente el compromiso y el sacrificio personal de los hombres y mujeres que sufrieron directamente en sus propias vidas los demoledores efectos de la tortura, la cárcel y el exilio, reconociendo los enormes costes personales, profesionales y familiares que les acarreó su militancia antifascista y asumiendo la deuda que la causa democrática tiene contraída con su coherente y sacrificado compromiso con la libertad.

Durante la última década, en diversos países europeos se han consolidado proyectos institucionales que han creado lugares de memoria donde se explica el sentido del pasado y su trascendencia. Y esto también está teniendo lugar en la sociedad vasca y española, una vez que ha sido consciente de la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado más inmediato. De esta manera, en los últimos años hemos vivido, estamos viviendo, un interés por recuperar la voz de los vencidos en la guerra civil, de las víctimas de la represión franquista y de los que lucharon por el restablecimiento de las libertades durante la transición.

No debemos olvidar que el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 supuso una clara violación de la legalidad democrática. Los fusilamientos de presos políticos, la implantación de métodos de tortura en las cárceles, la eliminación de los sospechosos de haber estado vinculados a la Segunda República y los trabajos forzados caracterizaron uno de los episodios más trágicos de nuestra historia.

En España han sido numerosas las víctimas de persecución política, religiosa, racial, de ejecución extrajudicial, desaparición, tortura, encarcelamientos arbitrarios, condenados a penas crueles en procesos injustos, a quienes se les ha privado del derecho a la verdad, forma de reparación moral y medio idóneo para recuperar su dignidad.

La sociedad reclama ahora conocer todos los hechos acaecidos en esa etapa y que se reconozca moralmente a las víctimas después de que el régimen franquista se esforzara en demonizar, e incluso, hacer desaparecer la memoria democrática para, posteriormente, consolidar una nueva memoria afín a sus ideales. La represión franquista y el silencio impuesto a los perdedores de la guerra abrieron paso a un largo periodo en el que se trató de borrar lo acontecido en la contienda y durante los años que la siguieron.

Recuperar esa memoria democrática supone asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado. Es una inversión de futuro, es decir, supone transmitir a las nuevas generaciones lo que realmente significó la Segunda República, el franquismo y la propia transición. El conflicto de las “dos Españas" no terminará hasta que no se restituya la verdad sobre lo ocurrido y se reconozca a todos estos familiares el dolor padecido y que siguen padeciendo, devolviéndoles los cuerpos de sus familiares a fin de poder darles digna sepultura.

En el Estado español, este reconocimiento ha seguido un proceso salpicado de dificultades y obstáculos y hoy es el día en el que, todavía, el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista conoce algunas limitaciones y la búsqueda de la verdad tropieza con algunos obstáculos.

El 20 de noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, a tenor de varias proposiciones planteadas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, condenar la dictadura franquista y el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista. Entre otros puntos, la resolución declaraba lo siguiente: “"El Congreso de los Diputados reafirma, una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil".

Sin embargo, Ezker Batua-Berdeak ha constatado que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se ha llevado a cabo todavía una reparación institucional, política, ética y social de todos aquellos que sufrieron persecución, cárceles y campos de concentración durante la dictadura del general Franco. Este Ayuntamiento aún no ha realizado un reconocimiento público de la resistencia antifascista por su contribución al restablecimiento de las libertades y la democracia. Por eso, en el Pleno que hoy celebra el Consistorio gasteiztarra, Ezker Batua solicitará la colocación de un monumento en homenaje a las víctimas del franquismo en un sitio destacado de la ciudad y la realización de un reconocimiento ético, político y social a todas aquellas personas que lucharon contra el franquismo y quienes fueron víctimas de la represión hasta el inicio de la democracia.

Los familiares de las víctimas, de los detenidos, de los desaparecidos, de los torturados…merecen, además, que se realicen las investigaciones necesarias para aclarar los sucesos ocurridos durante el período más oscuro de nuestra historia reciente. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya decía el pasado año que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio, y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras al deber de recordar”. Avalando esta premisa, Ezker Batua también solicitará en el Pleno que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abra un archivo de copias en su archivo municipal que recoja expedientes de la represión franquista en este Consistorio, pudiendo ser parte de un futuro archivo general sobre la represión franquista.

Y no olvidaremos, tampoco, que la ciudadanía reclama que los nombres de las calles o monumentos dejen de exaltar las figuras de la dictadura como patrimonio colectivo. Para que esto se cumpla, impulsaremos la realización de un examen exhaustivo de todo el municipio para que se busque símbolos franquistas y proceder a su supresión en un plazo máximo de 6 meses.

Tenemos una oportunidad de saldar nuestra deuda con el pasado, y en particular con aquellas víctimas de la guerra civil, del régimen franquista, que fueron privados de sus derechos a recursos efectivos para encontrar verdad, justicia y reparación, y de las personas que sufrieron daños físicos o psicofísicos durante la transición hacia la democracia. Para que la actual y las siguientes generaciones se reconozcan en una sociedad que cerró sus heridas y dejó de ver la verdad sobre los crímenes del pasado como una amenaza, la respuesta de las instituciones debe ser lo más completa posible con vistas a asegurar la memoria colectiva, dignificar a las víctimas y remediar los daños y sufrimientos padecidos.